El programa destinado a fortalecer la conectividad aérea en zonas apartadas del país enfrenta serios retrasos. Las obras de modernización de cuatro aeródromos ubicados en Chocó, Nariño y Vichada registran avances inferiores al 20%, pese a que ya se ha desembolsado más del 60% de los recursos asignados para su ejecución.
La iniciativa hace parte del programa Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes), impulsado para garantizar operaciones aéreas seguras y eficientes en territorios con limitadas alternativas de transporte. Los proyectos se desarrollan en Bahía Solano (Chocó), Magüí Payán (Nariño), Cumaribo y La Primavera (Vichada), zonas donde el transporte aéreo representa un servicio fundamental para miles de habitantes.
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De acuerdo con el convenio suscrito entre la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio), los trabajos debían concluir en mayo de 2025. Sin embargo, las entidades involucradas reconocen que ninguna de las intervenciones estará terminada durante el actual periodo presidencial, que finaliza el próximo 7 de agosto.
La inversión total del proyecto asciende a 363.763 millones de pesos, incluyendo cerca de 23.800 millones destinados a la gerencia del convenio a cargo de Enterritorio. Según datos de la Aerocivil, se han transferido aproximadamente 214.000 millones de pesos, equivalentes al 60% del presupuesto, aunque el avance físico reportado sigue siendo reducido.
Actualmente, el aeropuerto de Cumaribo presenta el mayor nivel de ejecución con un avance del 18,4%. Le sigue La Primavera con 15,3%, mientras que Bahía Solano alcanza apenas el 5,5%. En el caso de Magüí Payán, las obras aún no han iniciado.
Retrasos y dificultades en la ejecución
Las responsabilidades del proyecto están distribuidas entre varias entidades. La Aerocivil actúa como contratante y supervisora; Enterritorio ejerce la gerencia integral, incluyendo la adquisición de bienes y servicios y la interventoría; mientras que el Ejército Nacional ejecuta las obras a través de sus unidades de ingenieros.
Documentos de seguimiento del proyecto evidencian que las dificultades comenzaron desde las etapas iniciales. Entre los principales problemas identificados figuran retrasos en la contratación de proveedores, demoras en la entrega de materiales, fallas en la disponibilidad de equipos y dificultades de coordinación entre las entidades participantes.
En reuniones de seguimiento realizadas durante la ejecución, funcionarios de la Aerocivil manifestaron preocupación por la baja ejecución física de las obras frente a los recursos ya desembolsados. Por su parte, el Ejército reportó en distintas comunicaciones inconvenientes relacionados con la contratación de personal especializado y el suministro oportuno de materiales e insumos necesarios para avanzar en los trabajos.
Cuestionamientos por costos y sobrecostos
Además de los retrasos, el proyecto enfrenta observaciones relacionadas con los costos. Registros internos indican que la Aerocivil rechazó solicitudes de adición presupuestal que habrían incrementado el valor total de la iniciativa en cerca de 57.000 millones de pesos, equivalentes al 15% del presupuesto inicial.
Como consecuencia de los ajustes financieros, dos aeródromos que originalmente hacían parte del plan fueron excluidos: Bajo Baudó, en Chocó, y Barrancominas, en Guainía, reduciendo el alcance de seis a cuatro terminales aéreas.
Asimismo, funcionarios de la autoridad aeronáutica detectaron diferencias entre valores de mercado y precios propuestos para algunos bienes y servicios. En el caso específico de Bahía Solano, las estimaciones señalaron posibles sobrecostos cercanos a los 22.000 millones de pesos.
Otro de los aspectos que ha generado controversia corresponde a una comisión de intermediación del 4,9% más IVA aplicada sobre determinados bienes y servicios. Este cobro, que supera los 4.200 millones de pesos, fue utilizado para compensar a operadores privados vinculados a la logística del proyecto y ha sido objeto de cuestionamientos por no estar contemplado inicialmente en el contrato.
Enterritorio atribuye los retrasos a factores externos
Desde Enterritorio han rechazado cualquier señalamiento de irregularidad. La entidad sostiene que los retrasos obedecen a factores como la complejidad del esquema institucional, dificultades logísticas, condiciones climáticas adversas y problemas de orden público en las zonas intervenidas.
La entidad también defendió la contratación de operadores privados encargados de apoyar la ejecución de las obras, asegurando que cuentan con la experiencia necesaria para cumplir las labores asignadas. Sin embargo, se abstuvo de entregar información detallada sobre desembolsos y niveles de cumplimiento de los contratistas, argumentando razones de confidencialidad y seguridad.
La situación vuelve a poner en debate el uso de convenios interadministrativos, un mecanismo ampliamente utilizado por entidades públicas para transferir recursos entre organismos estatales que operan bajo esquemas de contratación diferentes.
Mientras continúan las discusiones sobre responsabilidades, los habitantes de estas regiones siguen a la espera de una infraestructura aeroportuaria que les permita mejorar su conectividad. Para cerca de 122.000 personas, muchas de ellas ubicadas en zonas sin acceso vial permanente, el transporte aéreo sigue siendo una necesidad fundamental aún pendiente de fortalecerse.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: elpais
