Desde 2024, los Ministerios de Hacienda y de Comercio han manifestado su intención de incrementar los aranceles en el sector automotor. Aunque la medida aún no ha sido aprobada ni implementada, su sola posibilidad genera un fuerte debate en la industria del transporte, ya que afectaría no solo a los fabricantes, sino también a transportistas y consumidores.
En su origen, esta iniciativa contemplaba la aplicación de aranceles a los vehículos eléctricos como parte de una estrategia gubernamental para incentivar la producción nacional. Sin embargo, las implicaciones de esta política parecen ir mucho más allá de lo inicialmente previsto. Según la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes), se han planteado tarifas arancelarias del 10% para vehículos, autopartes, motopartes y bicicletas.
Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, ha sido contundente en su crítica a la medida. “Entendemos la importancia de diversificar la matriz productiva y avanzar hacia una economía más sostenible. Sin embargo, este proyecto de decreto tiene implicaciones negativas que afectan no solo a la industria motriz, sino también a sectores clave como el transporte de carga pesada, liviana y de pasajeros, lo que a su vez impactará directamente en el costo de productos básicos de la canasta familiar”, afirmó.
La preocupación del sector no es menor. El incremento de los aranceles podría traducirse en un alza en los costos operativos de camiones, tractocamiones y transporte público, lo que generaría un efecto dominó en la economía. Los bienes de primera necesidad, que dependen de estos medios de transporte para su distribución, podrían ver reflejado un aumento en sus precios finales, afectando directamente a los consumidores.
Además del impacto económico, Asopartes advierte sobre un posible aumento en la comercialización de productos no certificados y de baja calidad. La elevación de los costos en autopartes y motopartes podría incentivar la entrada de repuestos de dudosa procedencia al mercado informal, generando riesgos para la seguridad vial. Esta situación afectaría tanto a conductores como a peatones, incrementando el peligro en las vías.
Por otra parte, el mantenimiento y la reparación de vehículos y motocicletas también se verían impactados. Si el costo de las autopartes se eleva, muchos propietarios podrían retrasar reparaciones necesarias, afectando el estado de los vehículos y aumentando la posibilidad de fallos mecánicos en carretera.
A pesar de la preocupación de la industria automotriz y del sector transporte, el Gobierno insiste en que el proyecto de aranceles busca fortalecer la producción nacional y fomentar una economía más sostenible. Sin embargo, queda la pregunta de si el costo de esta medida será mayor que sus beneficios.
Por ahora, el debate sigue abierto y las voces de alerta en el sector transporte no dejan de alzarse. De aprobarse estos aranceles, la movilidad y la economía de los colombianos podrían verse seriamente afectadas, generando una discusión que, lejos de cerrarse, apenas comienza.
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