Odebrecht es sólo uno de los cinco escollos para las vías 4G
En momentos en los que la economía requiere el impulso pleno y el poder multiplicador en mano de obra y demanda de materiales, el avance de los proyectos viales de cuarta generación (vías 4G) sigue a paso lento, afectado por cinco factores que se han convertido en duros obstáculos para que a las iniciativas ya adjudicadas lleguen los millonarios recursos que requiera la fase constructiva de un programa.
Con millonarias necesidades de financiamiento, el sector de la ingeniería civil, en cabeza de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), identificó estos frentes de acción que aún están conspirando para que se logren los cierres financieros de todos los proyectos, ya que no solo hace 10 meses que se dio la última financiación completa de un plan, sino que de 32 proyectos que conforman el programa, apenas 8 ya disponen de la plata para iniciar obras. EL TIEMPO conoció que, este jueves, representantes de la CCI se reunieron con el ministro de Transporte, Germán Cardona, y su equipo, para buscar la forma de pisar el acelerador, pues la situación ya no da más espera. Un documento de trabajo del gremio da cuenta de que el principal escollo es el efecto adverso que ha generado el escándalo de la multinacional Odebrecht en el sector financiero, que prácticamente ha cerrado el grifo del crédito a la espera de que se defina de forma clara la liquidación del contrato de la Ruta del Sol II, incluyendo la adición del tramo Ocaña-Gamarra. En este sentido, la CCI señala la imperiosa necesidad de desenredar este nudo, ya que la exposición del sector financiero al proyecto es de 2,6 billones de pesos y se requiere garantizar todos los pagos a los terceros de buena fe que desembolsaron dinero. Si esto no ocurre, el gremio ve que se pondría en riesgo la financiación del resto del programa de vías 4G. Un reciente estudio del área de Investigación del BBVA señaló que antes del escándalo se preveía una ejecución de 5,7 billones de pesos para este año, pero la cifra fue revisada a la baja en casi 2 billones y ahora el cálculo es que en el 2017 se ejecutarán 3,5 billones de pesos, y lo más fuerte se haría hasta el 2019. En segundo término y derivado del punto anterior, este jueves, la Cámara de la Infraestructura le hizo saber al Gobierno la necesidad de un ajuste normativo de urgencia que incluya en una ley un texto que establezca que ante una causa ilícita que haga necesaria la nulidad de un contrato, este se terminará de acuerdo con las reglas de terminación anticipada, respetando las cláusulas del mismo, buscando blindar a los terceros que de buena fe son parte clave de la ejecución. Pero en forma paralela se conoció que, ante las nuevas condiciones, varios concesionarios están contemplando incrementar sus aportes de capital o acudir ante la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), a gestionar alternativas como los créditos puente.
Fuente: El Tiempo Noticias
Imagen: Archivo El Tiempo Noticias
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