Tras acuerdo, sectores productivos expresan dudas sobre efectos en la modernización vehicular.
Tras 45 días de inmovilización, tensión, bloqueos y desabastecimiento en varias regiones, el Gobierno y los cuatro gremios de la llamada Cruzada Nacional Camionera llegaron a un acuerdo para levantar el paro más largo y costoso del sector.
Una vez conocido el acuerdo de 25 puntos, sobre el que el Gobierno destaca la permanencia del sistema de libertad vigilada de tarifas y un esquema de chatarrización con blindajes, y sobre el que Luis Orlando Ramírez, presidente de la Asociación del Transporte de Carga (ATC), recalcó que se mantiene el sistema uno a uno (para ingresar un vehículo nuevo hay que destruir uno viejo de más de 25 años), quedaron incertidumbres y sinsabores entre gremios de la producción sobre los avances en la competitividad del transporte de carga.
Lo anterior porque en el punto 14 del acuerdo se pactó que “el Ministerio de Transporte no fijará una vida útil para los vehículos de transporte de carga”.
Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, señaló que la competitividad seguirá deteriorándose, porque no habrá una adecuada reposición del parque automotor y lo que se pueda renovar será muy costoso por el proceso de chatarrización.
“El parque automotor de carga acusa ya alta obsolescencia, y lo grave es que estamos construyendo vías costosísimas en términos financieros y políticos, y no vamos a tener con qué rodarlas”, dijo.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, sostuvo que hay una pérdida en la modernización, al no poder competir por el alto impacto al ambiente. “Hoy las exigencias se hacen sobre las certificaciones de huella de carbono que se miden para la mercancía y el medio de transporte”, indicó.
Y agregó que el consumo de combustible es uno de los índices que más incide en este frente, pues su relación en los costos de transporte es alrededor del 30 por ciento, porcentaje que se puede disminuir con vehículos eficientes.
No obstante, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, le dijo EL TIEMPO que el programa tiene también un incentivo por reposición, no solo por reconocimiento de dinero, al cual también hay que darle un importante empuje para que no solo baje la sobreoferta, sino que también se modernice el parque automotor.
‘Realista y equilibrado’
Tanto gremios como Gobierno resaltaron el hecho de que con el acuerdo se mantenga el sistema de libertad vigilada de tarifas, pues haber regresado al modelo de tabla de fletes, que fija un piso para cada ruta, habría sido un retroceso perjudicial para el país.
El presidente Juan Manuel Santos señaló que el acuerdo fue “realista y equilibrado”, ya que de haber cedido a las pretensiones de las agremiaciones que promovieron el paro habría significado un alza desproporcionada y permanente de los productos de la canasta familiar y un duro golpe a la competitividad, con el consiguiente efecto negativo sobre el empleo.
En cuanto a las rutas que se intervendrán, se pasó de 38 iniciales a 21, en trayectos que van del centro del país y de las zonas de producción hacia los puertos. El ministro Rojas explicó que, en promedio, el ajuste en los costos de estos 21 trayectos será del 6 por ciento.
Mac Master sostiene que intervenir una ruta sin análisis objetivo traería consecuencias en los productos de exportación y de consumo nacional, que por lo general tienen costos de transporte más altos que en otros países.
A su turno, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), señaló que hay que esperar lo que defina el Ministerio, pues el punto cinco del acuerdo (modificaciones al sistema de costos) da para interpretarlo para arriba o para abajo, “entonces no sabemos”.
Cada sector reporta grandes pérdidas
Mientras que para Asecarga, gremio de empresas de carga, el paro dejó pérdidas para el sector transportador por 2,8 billones de pesos, entre tractocamiones y vehículos sencillos, para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), solo en ese sector el paro dejó pérdidas por 2 billones de pesos. A ello se le suma el billón de pesos que, según la SAC, gremio de agricultores, se perdieron en el campo. Además, Fenalco hizo también un estimativo. Entre efectos al comerciante y agricultores, la cifra llega a $ 1,4 billones.
Fuente: El tiempo
Fotografía: El tiempo
