La polémica está servida. La decisión del Gobierno Nacional de aplazar el giro de $770 mil millones destinados a la Primera Línea del Metro de Bogotá ha generado un fuerte cruce de declaraciones entre la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán. A través de un derecho de petición, el concejal Diego Baena solicitó pruebas concretas de que la Alcaldía tenía conocimiento previo de esta medida, luego de que la ministra asegurara que el mandatario bogotano estaba al tanto del decreto expedido por el presidente Gustavo Petro.
La suspensión del giro millonario para el Metro no solo retrasa la obra de infraestructura más esperada por los bogotanos, sino que también impacta negativamente otros proyectos de movilidad y desarrollo urbano. A esta reducción presupuestaria se suman recortes significativos en la Troncal de TransMilenio de la Calle 13, el Regiotram de Occidente y otros proyectos clave para la ciudad y el país.
Carlos Fernando Galán, en respuesta a la ministra Rojas, dejó claro que si bien la Administración Distrital estaba informada sobre los problemas fiscales del Gobierno Nacional, nunca se les notificó formalmente sobre la expedición del Decreto 069 de 2025, que materializó el aplazamiento de los recursos. “Nos enteramos de su contenido por los medios de comunicación”, afirmó Galán en su cuenta de X.
Bogotá no es la única ciudad afectada por esta decisión. La medida también pone en vilo otros proyectos de movilidad en el país, entre ellos:
Metro de la 80 en Medellín: $497.000 millones aplazados.
Vías alternas al Túnel del Toyo: $181.000 millones aplazados.
Restauración del Canal del Dique: $710.970 millones aplazados.
Acueducto de Cali: $313.000 millones aplazados.
Vía Mulaló – Loboguerrero: $710.000 millones aplazados.
Además, otros sectores fundamentales también sufrirán el impacto de este recorte presupuestario, con partidas afectadas en el Ministerio de Igualdad y Equidad ($669.000 millones), el Ministerio de Salud ($211.000 millones) y el Ministerio de Agricultura ($108.000 millones), entre otros.
El alcalde Galán ha insistido en que Bogotá seguirá adelante con sus proyectos, pero ha reconocido que encontrar nuevas fuentes de financiamiento será un desafío que podría traducirse en mayores costos para la ciudad. La incertidumbre generada por esta decisión del Gobierno Nacional podría afectar el cronograma de obras y encarecer su ejecución.
La pregunta que queda en el aire es: ¿qué tan sostenible es un modelo en el que el futuro de las grandes ciudades y sus ciudadanos queda a merced de decisiones centralizadas y poco concertadas? Mientras las autoridades nacionales y distritales continúan con su pulso político, Bogotá y el país siguen a la espera de soluciones concretas que garanticen el desarrollo de infraestructura clave para la movilidad y la calidad de vida de los colombianos.
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