La electromovilidad en Colombia avanza como una alternativa que combina menores costos operativos, competitividad y desarrollo económico, más allá de sus beneficios ambientales. Durante E-Conecta, la Semana Internacional de Electromovilidad y Competitividad que se desarrolla en Bogotá, expertos y representantes del sector analizaron el potencial de esta tecnología para transformar el transporte nacional.
Uno de los principales argumentos económicos está relacionado con los costos de operación. De acuerdo con las cifras expuestas durante el encuentro, recorrer un kilómetro en un vehículo eléctrico puede costar entre 28% y 55% menos que hacerlo en uno impulsado por gasolina o diésel.
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A esto se suma el impacto que tendría una mayor electrificación del parque automotor sobre la dependencia de combustibles importados. El estudio ‘Colombia: El salto a la electricidad’, elaborado por Carbon Tracker, estima que el país podría evitar gastos de hasta US$40.000 millones en importaciones de combustibles hacia 2050 si acelera la transición hacia la movilidad eléctrica.
El potencial de ahorro resulta especialmente relevante para las empresas cuya operación depende de vehículos de transporte y carga. Juan Esteban Martínez Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica (Acomoves), explicó que la ventaja económica no se limita al precio de la energía, sino que también incluye menores gastos de mantenimiento, combustible y otros componentes asociados a la operación.
Según Martínez, algunas empresas que han sustituido flotas de diésel por vehículos eléctricos han reportado reducciones de hasta 70% en sus costos operativos y logísticos.
Beneficios tributarios y nuevos negocios impulsan la transición
Los incentivos tributarios disponibles para la adquisición de vehículos eléctricos constituyen otro factor que puede mejorar la rentabilidad de estas inversiones. Para Acomoves, el análisis económico también debe incorporar los beneficios indirectos derivados de una mejor calidad del aire, menores impactos sobre la salud y una mayor calidad de vida.
La permanencia de los usuarios en esta tecnología también refleja una tendencia favorable. De acuerdo con la encuesta anual de Acomoves citada por Martínez, 90% de los participantes afirmó que no regresaría a un vehículo de combustión.
El crecimiento de la electromovilidad, además, está generando oportunidades en actividades complementarias. La fabricación y gestión de baterías, el mantenimiento, la reparación, la instalación de cargadores y la infraestructura asociada requieren nuevos servicios y personal especializado.
La formación también empieza a ganar espacio. Instituciones de educación superior y centros de capacitación técnica están incorporando cursos y programas relacionados con la movilidad eléctrica, un proceso que, según Acomoves, puede contribuir a la creación de nuevas empresas, empleos y fuentes de ingresos.
Infraestructura de carga sigue siendo uno de los principales obstáculos
El crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos contrasta con el ritmo de expansión de la infraestructura de carga. Aunque las matrículas de estos automotores aumentaron 218% frente al año anterior, actualmente Colombia cuenta con 878 puntos de carga, mientras que la regulación contempla una meta cercana a 20.000.
Para Acomoves, cerrar esta brecha requiere acelerar la participación de nuevos inversionistas y establecer condiciones que permitan desarrollar estaciones tanto en las ciudades como en las principales carreteras del país.
La falta de cargadores en los corredores nacionales continúa siendo uno de los factores que genera incertidumbre entre los potenciales compradores. Los desplazamientos de larga distancia, especialmente entre ciudades alejadas, pueden convertirse en una barrera para quienes temen quedarse sin autonomía durante el recorrido.
Martínez considera que el Gobierno no necesariamente debe asumir la construcción y operación directa de toda la infraestructura, pero sí debe ofrecer reglas claras y estables que permitan al sector privado aumentar las inversiones.
Mientras la red pública se desarrolla, los hogares siguen desempeñando un papel importante. La encuesta de Acomoves indica que 60% de los usuarios de vehículos eléctricos realiza la carga en su vivienda. Esta práctica permite atender una parte considerable de la demanda actual, aunque podría generar una mayor presión sobre la infraestructura pública a medida que aumente el número de automotores eléctricos.
La expansión tampoco debería concentrarse en las principales capitales. Acomoves plantea la necesidad de llevar el desarrollo de la electromovilidad a regiones, ciudades intermedias y municipios pequeños, donde también se observa un incremento en la adopción de estas tecnologías.
Sector privado pide una política de Estado a largo plazo
La estabilidad regulatoria representa otro de los desafíos para consolidar la transición. Las inversiones en vehículos, estaciones de carga, capacitación y nuevos modelos de negocio requieren periodos amplios para recuperar el capital, por lo que el sector empresarial reclama continuidad más allá de los cambios de gobierno.
Acomoves sostiene que la electromovilidad debe convertirse en una política de Estado y no depender de los ciclos de las administraciones locales y nacionales. La organización considera necesario establecer una hoja de ruta de largo plazo que permita a las empresas anticipar las condiciones del mercado y tomar decisiones de inversión.
Aunque Colombia cuenta con una ley de movilidad eléctrica, el gremio considera que el marco regulatorio debe continuar evolucionando. Entre los temas pendientes están las metas de comercialización de vehículos eléctricos, los plazos para avanzar en la sustitución de tecnologías de combustión y la articulación de estos objetivos con las políticas nacionales de cambio climático.
En este escenario, medidas como el pico y placa deberían diferenciarse de una estrategia integral de transición energética. Los incentivos para vehículos eléctricos e híbridos responden, entre otros factores, a sus aportes a la calidad del aire, mientras que las restricciones de circulación están determinadas por las condiciones particulares de movilidad de cada ciudad.
Para el sector, el desafío consiste en integrar ambas dimensiones dentro de una estrategia de largo plazo que permita aprovechar el potencial económico de la electrificación, reducir la dependencia de combustibles importados y extender sus beneficios a distintas regiones del país.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: portafolio.co
