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Lo que implicaría cambiar el contratista en Hidroituango: sería como mover un pueblo

El eventual retraso por el aterrizaje de otro constructor desajustaría el apretado cronograma de generación.

Antioquia tiene cuatro municipios cuya población es inferior a la que convive en el campamento del consorcio que construye Hidroituango. Así de grande es esa microciudad con capacidad para albergar 4.500 trabajadores en 23.000 metros cuadrados construidos, por lo que la eventual llegada de un nuevo contratista, entre otros efectos, implicaría migrar un pueblo completo.

La posibilidad de un cambio de constructor la abrió el fallo de la Contraloría General de la República que condenó, en primera instancia, a 26 personas –entre estas nueve empresas— a pagar $4,3 billones por el detrimento generado tras la emergencia en la megaobra, que promete generar el 17% de la energía del país.

Por eso esta semana, representantes de siete firmas, entre chinos, argentinos e italianos, recorrieron las obras, dentro del llamado plan B de EPM para enfrentar la posibilidad de que algunos contratistas no puedan continuar.

Pero asumir las riendas de la central no solo implicaría refundar ese campamento ubicado cerca de la presa e inventariar cada una de las 335 máquinas pesadas que tiene el constructor en la obra, sino que también generaría un freno en la ejecución del proyecto en medio de una ruta crítica por el compromiso de producir energía, sí o sí, en 2022.

Un posible retraso por el aterrizaje de nuevos contratistas desajustaría el milimétrico cronograma que tiene la central, que debe encender dos de sus ocho unidades antes de finalizar noviembre de 2022. Según estimó el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, la transición acarrearía demoras de al menos un año.

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Parte de ese tiempo se consumiría en uno de dos escenarios, porque frente a la dotación del campamento y la maquinaria, el nuevo contratista tendría la posibilidad de comprarle al actual consorcio. En ese caso tendría que abrirse un periodo para inventariar cada elemento de esa ciudadela y asegurar la infraestructura en la que vivan 4.500 personas todo el año. La otra opción es llevar todo al sitio, distante 170 kilómetros de Medellín, lo que obligaría a armar una robusta logística de transporte.

Aun definida la dotación de la ciudadela y con las herramientas habilitadas, seguiría el lapso para que el contratista despegue, adquiera el ritmo en una obra que está a contrarreloj y se articule con el diseñador y el interventor.

Hoy ese trío lo componen, desde hace ocho años, el consorcio constructor CCC Ituango, integrado por Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa Ramón H.; las firmas del consorcio interventor, Ingetec y Sedic; e Integral, como diseñador y asesor, todas declaradas en primera instancia responsables por la Contraloría y cuyos contratos con EPM terminan este 31 de diciembre.

Con el agua al cuello

Como si fuera una contrarreloj, Hidroituango tiene dos metas volantes que debe cumplir el próximo año, so pena de pagar millonarias multas. La primera fecha marcada en el calendario es el 24 de junio. Ese día vence el plazo del último hito constructivo acordado en el contrato Boomt, firmado en 2011 entre EPM y la Sociedad para que la primera construya, opere y mantenga el proyecto por 50 años.

En este contrato se definieron 10 hitos que representan fechas clave en la ejecución de la hidroeléctrica y que deben ser cumplidos si EPM no quiere exponerse a una reclamación económica. Los seis primeros se cumplieron entre 2013 y 2016; y por otros tres hitos, que vencieron en 2018 y 2019, fue que la Sociedad activó este mes el tribunal de arbitramento ante la Cámara de Comercio de Medellín.

El último hito vence ese 24 de junio, justo el mes en el que está previsto el encendido de la primera unidad y que coincide con las últimas semanas en el poder del presidente Iván Duque. En entrevista con EL COLOMBIANO, el mandatario no solo reiteró que la seguridad energética nacional depende de Hidroituango, sino que se anotó para estar el día que se encienda la primera turbina en junio de 2022.

La otra fecha tachada en la pared es el 1 de diciembre de 2022, cuando vence el compromiso vigente de la futura central ante la Comisión de Regulación de Energía (Creg), adquirido como Obligación de Energía Firme de cargo por confiabilidad en 2012.

Ya hubo una sanción por el retraso que generó la emergencia de 2018, porque la Creg decidió declarar la pérdida de las obligaciones que vencían ese año, hecho que generó que se hiciera efectiva una garantía por 43 millones de dólares.

Ahora bien, el cronograma presupuestado para la generación en Hidroituango contempla el encendido de dos unidades antes del 30 de noviembre de 2022; dos más en enero y septiembre de 2023; tres en 2024, en agosto, octubre y diciembre; y la última en febrero de 2025. Según EPM, con la puesta en servicio de la primera etapa (cuatro unidades) se cumple el compromiso vigente ante la Creg, con la generación de 1.200 megavatios.

Por eso los vientos que soplan de nuevos contratistas generaron advertencias de los gremios. La Cámara Colombiana de la Infraestructura dijo que el análisis de las autoridades no debe perder de vista las consecuencias que se pueden generar para el interés general, en el evento de que el proyecto se paralice o sufra retrasos por cuenta de que los contratistas sean objeto de medidas que afecten su capacidad.

En ese escenario, advirtió, EPM se vería forzada a reabrir un proceso en busca de nuevas empresas con el músculo para finalizar la megaobra, situación que constituiría “un retroceso colosal”, dado que, en un proyecto de semejante envergadura, el cambio de contratista y la incorporación plena de uno nuevo “puede tomar meses e incluso años”.

En respuesta a EL COLOMBIANO, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, consideró “de vital importancia” que se garantice la continuidad de las obras, de acuerdo al cronograma presentado por EPM, para poder cumplir con el inicio de la operación dentro de los tiempos regulatorios.

Mientras se resuelven los recursos contra el fallo de la Contraloría y la decisión de segunda instancia va al control automático del Consejo de Estado —proceso que tardaría al menos dos meses—, los declarados responsables anticipan utilizar las acciones disponibles para dejar en suspenso la decisión y evitar que sean incluidos en el boletín fiscal, porque estando allí les tocaría pagar los $4,3 billones para seguir contratando con empresas del Estado, como EPM.

Dentro de las posibilidades está la tutela y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en las que alegarán vulneración del debido proceso. De ser favorable ese escenario para ellos, es decir, dejando en suspenso el fallo de la Contraloría, la pelota pasará de nuevo al campo de EPM para negociar una nueva prórroga con los tres consorcios.

El 22 de diciembre pasado, cuando se firmó la renovación actual en medio de un ambiente enrarecido y caldeado, EPM dijo que buscaría otra ampliación en la medida en que tuviera los recursos y se cumplieran los requisitos.

No parecen mejores los vientos que soplan en esta ocasión, aunque como todos tienen el agua al cuello, el próximo capítulo de la historia es por ahora un tiro al aire.

Fuente: El Colombiano

Imagen:  El Colombiano

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Lady Giovanna Navas Becerra

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