En los próximos días la Fiscalía General le imputará cargos al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo López.
En su oficina en el exclusivo sector del parque de la 93 el contratista Emilio Tapia Aldana se reunió en repetidas oportunidades con el entonces presidente de la empresa Conalvías S.A. Andrés Jaramillo López entre los años 2008 y 2010. En dichos encuentros se fijó el pago de millonarias comisiones para garantizar la entrega del contrato de la calle 26, Fase III de TransMilenio.
Los investigadores hallaron en la oficina de Tapia Aldana -condenado a 17 años de prisión por el carrusel- cuatro facturas que serían el soporte para probar el pago de comisiones al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas -sentenciado a 18 años- y su hermano, el senador Iván Moreno Rojas -condenado a 14 años de cárcel- para fijar la entrega de contratos viales en la capital de la República.
La Fiscalía General encontró que dichas facturas eran pagadas por Conalvías bajo el concepto de “transporte de material” esto con el fin de darle una apariencia de legalidad al pago de esas comisiones que tenían como único objetivo garantizar los convenios contractuales de la calle 26. (Ver Fiscalía imputará cargos a expresidente de Conalvías por carrusel de contratación)
En las reuniones se fijó el pago de una comisión del 6% sobre el valor total de los contratos. Al revisar los contratos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se encontró que la empresa habría recibido 703 mil millones de pesos por dos tramos de construcción de la calle 26. (Ver Andrés Jaramillo renunció a la presidencia de Conalvías)
Conalvías recibió en calidad de cesión el contrato 137 de 2007 que tenía la empresa Transvial del Grupo Nule por un valor de 315.580 millones de pesos. Los Nule perdieron el citado convenio por las demoras en la construcción que después de un año de la licitación no habían iniciado la obra pero sí habían solicitado un millonario anticipo del contrato. Estas fallas representan un sobrecosto y una demora en la ejecución del proyecto.
La empresa recibió además la adición del contrato por un valor de 150 mil millones de pesos. El ente investigador ya ubicó el banco en el que se cobraron los cheques de los sobornos. La Fiscalía General le imputará en los próximos días los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos por el denominado escándalo del ‘carrusel de la contratación’. La defensa de Jaramillo manifestó que demostrará la inocencia de su cliente en el proceso penal.
Fuente: El espectador
Fotografía: El espectador
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