En los últimos años, las plataformas de transporte han revolucionado la movilidad urbana, ofreciendo soluciones rápidas y accesibles para millones de usuarios en todo el mundo. En Colombia, este modelo de negocio ha crecido de manera exponencial, generando empleo y dinamizando sectores relacionados con la economía digital. Sin embargo, su avance se ha visto empañado por un vacío normativo que deja tanto a conductores como a usuarios en una situación de incertidumbre.
Con el propósito de abordar este rezago, la Cámara de Representantes ha presentado un proyecto de ley estatutaria que busca regular el uso de plataformas de transporte en el país. Según el texto del proyecto, su objetivo principal es “regular el derecho fundamental a acceder, participar, beneficiarse y gozar del progreso científico y tecnológico para facilitar el derecho a la libre movilidad”, un enfoque que trasciende la simple regulación operativa y conecta la movilidad con derechos humanos fundamentales.
La tecnología al servicio de la movilidad
El proyecto de ley no solo reconoce la importancia de la movilidad como un derecho fundamental, sino que también propone que el acceso a internet sea parte esencial del desarrollo de políticas públicas modernas. La democratización de la tecnología, según sus impulsores, debe permitir que todos los ciudadanos, sin importar su nivel socioeconómico, puedan acceder a los beneficios de plataformas digitales que optimicen el transporte.
La representante María del Mar Pizarro, una de las principales promotoras de esta iniciativa, destaca que la falta de regulación limita el acceso a alternativas de movilidad más eficientes, impactando negativamente la productividad y la calidad de vida de los colombianos.
“Muchos trabajadores no logran cumplir con dos reuniones diarias debido a la ineficiencia de los sistemas de transporte actuales. Las plataformas no solo brindan opciones de movilidad más rápidas, sino que también son herramientas clave para la productividad del país”, señala Pizarro.
Impacto económico y social
La regulación también busca formalizar una actividad que representa una fuente de ingresos para miles de familias colombianas, especialmente mujeres. Según Pizarro, estas plataformas ofrecen flexibilidad laboral, permitiendo que las personas combinen trabajo con otras responsabilidades.
“Para muchas mujeres, conducir en plataformas de transporte es una solución para equilibrar su vida laboral y familiar. Esto permite que más personas, especialmente en la clase media, tengan acceso a ingresos estables y una vida más plena”, afirmó.
Actualmente, más de 22 millones de cuentas activas evidencian la alta demanda de estos servicios en el país, un claro indicativo de su relevancia en la vida cotidiana de los colombianos. Sin embargo, la falta de un marco regulatorio ha dejado a los conductores en una posición vulnerable frente a sanciones y al limbo jurídico.
Colombia a la vanguardia jurídica
El proyecto de ley propone que el reconocimiento del derecho al progreso científico y tecnológico, aplicado a la movilidad, permitirá una mejor interacción entre los actores del sistema de transporte. Esto no solo contribuirá al desarrollo económico y social, sino que también evitará interpretaciones arbitrarias que vulneren los derechos de conductores y usuarios.
La normativa podría poner a Colombia a la vanguardia de los sistemas jurídicos mundiales, reconociendo la tecnología como una aliada para garantizar derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida.
Una oportunidad para avanzar
La necesidad de reglamentar las plataformas de transporte no solo es un tema de legalidad, sino también de equidad. Usuarios, conductores y empresarios claman por un marco normativo claro que permita el crecimiento del sector y garantice condiciones justas para todos los involucrados.
Este proyecto, aunque todavía en sus primeras etapas, representa una oportunidad histórica para Colombia de adaptarse a las nuevas dinámicas globales y posicionarse como un líder en la regulación de la economía digital aplicada a la movilidad.
Con la mirada puesta en un futuro más inclusivo y eficiente, la pregunta ahora es: ¿logrará Colombia dar el paso necesario para consolidar esta transformación?
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