El Gobierno nacional avanza en la reorganización del sector logístico con la expedición de una nueva resolución del Ministerio de Transporte que redefine las condiciones de operación del transporte de carga en Colombia. La medida establece ajustes estructurales orientados a mejorar la transparencia, fortalecer los mecanismos de control y equilibrar las relaciones entre los diferentes actores de la cadena.
Uno de los ejes principales de la normativa es la modernización del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), herramienta clave para el monitoreo de la actividad transportadora. Con esta actualización, se busca superar problemáticas históricas como la falta de claridad en las tarifas, las condiciones contractuales y la trazabilidad de los servicios.
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La resolución es resultado de un proceso de concertación con el gremio transportador y responde a compromisos adquiridos en mesas de diálogo con el Gobierno. En este contexto, se establecen nuevas reglas que impactan directamente a empresas, conductores y generadores de carga.
Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la obligación de informar previamente el valor total del flete y los posibles descuentos antes de aceptar un servicio. Esta medida apunta a eliminar prácticas que generaban incertidumbre económica y desequilibrios en las negociaciones.
Adicionalmente, se refuerzan los requisitos documentales en ciertos tipos de carga para respaldar la contratación, lo que contribuye a aumentar la formalidad y disminuir las irregularidades. También se incorpora el reconocimiento del pago por trayectos en vacío, una demanda histórica del sector que ahora queda contemplada en el nuevo marco regulatorio.
Otro cambio significativo es la ampliación del control sobre los recorridos de carácter municipal, que a partir de ahora deberán contar con manifiesto de carga. Esta disposición permitirá integrar a pequeños transportadores al sistema formal y mejorar la organización del sector en todos sus niveles.
La construcción de la normativa incluyó la revisión de más de 170 observaciones presentadas por ciudadanos y actores del sector, lo que, según el Gobierno, garantiza un enfoque participativo y técnico.
La resolución se articula con el Decreto 1017 de 2025, el cual ya había fijado lineamientos para asegurar pagos justos y fortalecer la trazabilidad en la operación del transporte de carga, consolidando una estrategia integral de modernización.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que esta actualización responde a las necesidades del sector y busca avanzar hacia un modelo más transparente, con reglas claras y mejores condiciones para todos los involucrados.
Con esta medida, el Gobierno unifica en una sola resolución siete normativas anteriores, simplificando procedimientos y fortaleciendo los controles en la cadena logística. Las autoridades proyectan que este nuevo marco contribuirá a mejorar la competitividad, reducir conflictos y consolidar un sistema de transporte de carga más eficiente y organizado en el país.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
