Este miércoles 6 de mayo se cumple la fecha límite para que más de 3.600 empresas del sector transporte en Colombia adopten el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), una obligación que marca un antes y un después en la relación del sector con las autoridades de control.
A partir de esta fecha, las compañías vigiladas por la Superintendencia de Transporte no solo deberán acreditar el cumplimiento normativo, sino también demostrar que sus mecanismos de control son efectivos en la prevención de riesgos asociados a actividades ilícitas. El énfasis pasa de lo documental a lo operativo, con exigencias permanentes de verificación y trazabilidad.
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De acuerdo con análisis de Tusdatos.co, desde el 7 de mayo las empresas estarán obligadas a validar en cada operación a conductores, vehículos, propietarios y demás actores involucrados. Esto implica que cada proceso deberá estar respaldado por consultas, cruces de información y soportes verificables que evidencien una adecuada gestión del riesgo.
Control integral en toda la cadena logística
El SARLAFT busca impedir que las operaciones del transporte sean utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Sin embargo, expertos advierten que el verdadero desafío comienza una vez implementado el sistema, ya que las empresas deberán demostrar conocimiento pleno de sus contrapartes y aplicar controles constantes en su operación diaria.
El alcance de esta regulación abarca a todos los eslabones de la cadena logística, incluyendo clientes, proveedores, representantes legales y beneficiarios finales. Una alerta en cualquiera de estos actores podría comprometer a la empresa en su totalidad, generando implicaciones legales y afectaciones reputacionales.
Multas y consecuencias por incumplimiento
El no acatar esta normativa puede derivar en sanciones económicas considerables. Según la Ley 336 de 1996, las multas pueden oscilar entre uno y 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Más allá del impacto financiero, una gestión inadecuada de riesgos puede limitar el acceso a servicios bancarios, restringir oportunidades de financiación y deteriorar la confianza de clientes y aliados estratégicos, factores críticos en un entorno competitivo.
En 2025, el transporte de carga por carretera movilizó más de 151 millones de toneladas en Colombia, con la participación de miles de empresas, vehículos y operaciones. En este contexto, una falla en los controles no solo afecta a una compañía, sino que puede generar repercusiones en toda la cadena logística.
Nueva etapa de cumplimiento para el sector
La Resolución 4607 de 2026 establece que las empresas con ingresos iguales o superiores a 142.206,50 UVB deberán implementar el SARLAFT completo, mientras que aquellas con menores ingresos podrán aplicar un régimen simplificado. No obstante, la obligación de verificar a terceros y mantener controles activos aplica para todas.
Las organizaciones deberán ajustar sus estructuras internas, designar responsables, actualizar matrices de riesgo y establecer protocolos claros para la gestión de alertas y conservación de evidencias. En este nuevo escenario, el cumplimiento se convierte en una práctica continua apoyada en herramientas tecnológicas que permiten validar información en tiempo real.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
