El Gobierno nacional adoptó medidas orientadas a proteger los recursos de los ciudadanos frente a posibles cobros indebidos asociados a los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito, conocidos como fotomultas.
Una auditoría conjunta entre el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte reveló presuntas fallas técnicas y administrativas que comprometerían la validez de más de 7,5 millones de comparendos en diferentes regiones del país, lo que representa un hallazgo de alto impacto en la supervisión de estos mecanismos tecnológicos.
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Como resultado, la Superintendencia abrió procesos de investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito municipales y distritales. Las revisiones evidenciaron presuntos incumplimientos de la normativa vigente establecida en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, incluyendo la ausencia de conceptos de desempeño emitidos por el Instituto Nacional de Metrología.
Durante la presentación de los resultados, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reiteró la posición del Ejecutivo frente al uso de estos sistemas:
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”.
Las inspecciones también identificaron irregularidades operativas: 12 entidades habrían activado sistemas sin acreditación técnica vigente, 7 habrían presentado documentación de terceros para justificar su funcionamiento y 18 habrían obtenido avales de manera posterior al inicio de la captación de infracciones.
En el balance preliminar, el Gobierno ordenó la revocatoria de oficio de 5.832.906 comparendos, lo que impacta a cerca de 1,4 millones de conductores. Además, se analizan 1.582.398 sanciones ya pagadas, que representan recaudos superiores a 1,05 billones de pesos, los cuales podrían ser objeto de devolución por parte de las autoridades territoriales.
Las ciudades con mayor número de registros bajo revisión incluyen a Cali, con 2,7 millones de comparendos; Medellín, con 717.000; Bogotá, con cerca de 294.000; y Barranquilla, con más de 131.000.
En caso de confirmarse las irregularidades, las entidades responsables podrían enfrentar sanciones económicas adicionales equivalentes al doble de los montos recaudados, lo que elevaría las posibles multas globales a más de 2,1 billones de pesos.
Con información de Mintransporte
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
