La infraestructura trasciende la construcción de carreteras, puertos, hospitales o sistemas de transporte. Su verdadero impacto radica en la capacidad de conectar regiones, impulsar la productividad, fortalecer la presencia institucional y generar oportunidades para millones de colombianos, especialmente en zonas donde persisten brechas históricas de conectividad y desarrollo.
En Colombia, las regiones con mayores índices de pobreza, limitada conectividad y presencia de economías ilegales suelen coincidir. La ausencia de vías, servicios de transporte eficientes e inversión pública ha dificultado durante décadas la integración de estos territorios al desarrollo nacional. En este contexto, cada proyecto de infraestructura representa mucho más que una obra de ingeniería: constituye una herramienta para acercar el Estado, dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Ese impacto también se refleja en las ciudades. Un ejemplo es el TransMiCable de Ciudad Bolívar, en Bogotá, que redujo los tiempos de desplazamiento de cerca de 90 minutos a solo 13 minutos para miles de usuarios. La obra no solo transformó la movilidad, sino que facilitó el acceso al empleo, la educación y los servicios públicos para una población históricamente aislada.
La presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), María Consuelo Araújo, sostiene que el verdadero valor de estas inversiones no debe medirse únicamente en kilómetros construidos o recursos ejecutados, sino en las oportunidades que generan para las personas y en los beneficios sociales que continúan produciendo años después de entrar en operación.
Actualmente, alrededor de 21.000 viajes diarios se realizan a través del TransMiCable, consolidándolo como un referente de infraestructura con impacto social. De igual manera, el Hospital de Bosa, desarrollado bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), amplió la cobertura de servicios de salud para cientos de miles de habitantes del sur de Bogotá y municipios cercanos, gracias a una inversión cercana a los $550.000 millones. En este caso, la infraestructura se traduce en atención médica, diagnósticos oportunos y mejores condiciones para la población.
Los altos costos de la desconexión
Más allá de las obras visibles, la infraestructura cumple un papel determinante en la competitividad del país. Colombia mantiene costos logísticos que representan aproximadamente el 15,6 % del valor de los productos, una cifra considerablemente superior a la de otras economías latinoamericanas, donde este indicador ronda el 8 %.
Para Javier Díaz, presidente de Analdex, esta situación limita la capacidad del país para atraer inversión productiva y fortalecer su oferta exportadora, sumándose a factores como la incertidumbre y una estructura tributaria menos competitiva.
Un ejemplo de las deficiencias logísticas fue el traslado de los primeros trenes del Metro de Bogotá. Aunque su punto de ingreso natural habría sido el puerto de Buenaventura por cercanía con la capital, finalmente llegaron por Cartagena debido a las limitaciones de la infraestructura multimodal del país.
Este caso evidencia que el desafío no consiste únicamente en construir nuevas obras, sino en integrar de manera eficiente los distintos modos de transporte para optimizar la movilidad de personas y mercancías.
Las dificultades también afectan sectores productivos estratégicos. Nicolás Pérez, presidente de Fedepalma, señala que cerca del 50 % de la producción nacional de palma se concentra en los Llanos Orientales, una región que en los últimos años ha visto restringidas dos de sus tres principales vías de conexión con el centro del país, aumentando la dependencia sobre un único corredor vial y elevando la vulnerabilidad frente a emergencias o cierres.
Infraestructura como estrategia de crecimiento
Desde Fedesarrollo, su directora ejecutiva, Marcela Meléndez, plantea que la infraestructura debe asumirse como una política pública orientada al crecimiento económico y al aumento de la productividad.
En un escenario donde Colombia necesita acelerar su desarrollo, resulta prioritario impulsar proyectos capaces de reducir costos logísticos, fortalecer la competitividad y mejorar la integración de los mercados.
Uno de los proyectos con mayor expectativa es Puerto Antioquia, la nueva terminal ubicada en Urabá, que inició operaciones este año y promete transformar la logística del comercio exterior colombiano al acercar la carga a los mercados internacionales y ampliar la competencia entre los puertos del país.
No obstante, especialistas advierten que su potencial dependerá de la consolidación de corredores terrestres eficientes que conecten el puerto con los principales centros industriales y productivos.
El panorama cobra mayor relevancia en un contexto de restricciones fiscales y menor inversión pública. Estudios elaborados por ANIF, Corfi, el Consejo Privado de Competitividad y varias universidades indican que mientras hace una década la inversión en infraestructura de transporte representaba cerca del 3 % del PIB, actualmente apenas alcanza el 1 %.
Los análisis también muestran retrasos en la ejecución de las concesiones de cuarta generación (4G) y un lento avance de los proyectos 5G, con 18 iniciativas que permanecen en etapa de preconstrucción y representan inversiones cercanas a los $49 billones.
Conectividad y seguridad territorial
El alcance de la infraestructura también tiene implicaciones en materia de seguridad y cohesión social. Según Marcela Meléndez, muchas de las zonas donde hoy operan organizaciones criminales corresponden a territorios históricamente aislados, donde la limitada presencia institucional ha favorecido el crecimiento de economías ilegales.
En este escenario, una carretera puede representar mucho más que una reducción en los tiempos de viaje. También facilita la llegada de servicios de salud, educación, justicia, inversión y oportunidades económicas, fortaleciendo la presencia del Estado y promoviendo el desarrollo regional.
Esta visión plantea la necesidad de ampliar los criterios tradicionales de evaluación de proyectos, incorporando beneficios sociales, institucionales y de seguridad que trascienden la rentabilidad financiera.
El reto de financiar las grandes obras
Aunque existe consenso sobre la importancia de cerrar las brechas de infraestructura, uno de los principales desafíos continúa siendo su financiación.
Durante las últimas décadas, las concesiones y las Asociaciones Público-Privadas permitieron desarrollar carreteras, aeropuertos, hospitales y otras obras estratégicas. Sin embargo, este modelo enfrenta actualmente un intenso debate.
Para Fedesarrollo, las restricciones fiscales hacen indispensable mantener la participación del capital privado, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y mejorando los contratos, en lugar de abandonar un esquema que ha contribuido significativamente al desarrollo del país.
La discusión se evidenció recientemente tras la decisión del Gobierno de no respaldar la iniciativa privada Conexión Centro, impulsada por Odinsa, un proyecto 5G que contemplaba inversiones cercanas a los $7 billones para mejorar la conectividad del Eje Cafetero.
El caso coincidió con las controversias alrededor de la concesión Autopistas del Café, cuyo contrato finaliza en 2027 y ha generado debates sobre peajes, compensaciones y el futuro de la participación privada en la infraestructura vial.
Más allá de estos proyectos específicos, el país enfrenta una pregunta de fondo: cómo garantizar los recursos necesarios para desarrollar la infraestructura que demanda la competitividad nacional en un escenario de estrechez fiscal.
Mucho más que obras físicas
Cada proyecto de infraestructura representa una oportunidad para integrar territorios, reducir desigualdades y fortalecer el desarrollo económico y social.
El TransMiCable conecta comunidades con oportunidades; el Hospital de Bosa amplía el acceso a servicios de salud; y Puerto Antioquia busca transformar la logística del comercio exterior. Todos responden a un mismo objetivo: acercar el progreso a regiones que durante años permanecieron desconectadas.
En un país donde la pobreza, la baja conectividad y la ausencia estatal suelen concentrarse en los mismos territorios, invertir en infraestructura significa impulsar la competitividad, mejorar la calidad de vida y consolidar una mayor presencia institucional.
Por ello, cada debate sobre carreteras, puertos, hospitales o sistemas de transporte también representa una discusión sobre el modelo de desarrollo que Colombia necesita para construir un país más integrado, competitivo e incluyente.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: forbes.co
