Un repaso a la veintena de viajes internacionales del presidente deja al desnudo un rasero al hablar del Acuerdo de Paz: mientras en América Latina hay omisión al asunto, en escenarios de Europa, Estados Unidos o Naciones Unidas sí hay menciones expresas.
En 1997 se publicó un trabajo de referencia en la investigación para la paz y la resolución de conflictos por parte del profesor Stephen Stedman con el título Spoiler Problem in Peace Processes. En él, se teorizaba la concurrencia de saboteadores a la implementación de un proceso de paz. Una concurrencia que, en la práctica, ha estado presente en Colombia en sus reiterados esfuerzos por la consecución de la paz desde los Acuerdos de La Uribe y Corinto, de 1984, impulsados por el entonces presidente Belisario Betancur.
Los saboteadores suelen ser terceros, grupos armados, estructuras paramilitares, medios de comunicación y partidos de oposición o, llegado el caso, hasta la misma Fuerza Pública. Sin embargo, un hecho sin precedente en la experiencia comparada, como sucede en Colombia, reposa en que haya sido su gobierno democrático el principal obstáculo a la correcta implementación. Claro está, no era necesario un llamado expreso para “hacer trizas el Acuerdo”. Bastaba con hacerlo languidecer, demorar sus procesos o promover continuos reparos a lo suscrito con la guerrilla de las Farc-Ep.
Podría decirse que lo que ha hecho el gobierno de Iván Duque ha sido un “saboteo de baja intensidad”, dadas las limitaciones de las que siempre fue muy consciente el presidente. Primero, por los resortes institucionales del Estado democrático colombiano, en donde la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han hecho las veces de principales garantes del Acuerdo. Después, porque tanto el Acuerdo de Paz como la entrada de Colombia en la OCDE han contribuido a mejorar sustancialmente la “marca país”.
De este modo, devenía impopular rechazar frontalmente lo firmado en 2016 con las Farc-Ep, en tanto que el seguimiento, el compromiso y el respaldo de la comunidad internacional fueron innegables. La opción para tratar de sortear estos aspectos ha reposado en la máxima “paz con legalidad”. Esto es, entender que el Acuerdo es una política atribuible al gobierno de Santos -por lo que no es una política de Estado- de modo que es posible cuestionar parte de su andamiaje. Así, la implementación se somete a una geometría variable, selectiva, en donde el Ejecutivo decide qué debe ser cumplido y qué no.
Es cierto que el contenido del Acuerdo de Paz debe involucrar, al menos, cuatro o cinco períodos presidenciales. También que, según el último reporte del Instituto Kroc, publicado en diciembre de 2021, se ha cumplido con un 30 % de lo dispuesto. Empero, si miramos el detalle observaremos que mientras que en 2017 y 2018, no sin dificultades, se desplegó todo un proceso de adaptación normativa para el despliegue de las políticas públicas que exigía el Acuerdo, el avance pleno en el mismo, entre 2019 y 2021, apenas ha sido de un 2 % anual. Claro, la pandemia ha sido un limitante, pero hay acciones del actual Gobierno que son una firme declaración de intenciones en contra del Acuerdo.
Fuente: El Espectador
Imagen: El Espectador
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