El Gobierno Nacional inició una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en distintas regiones del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas. La medida podría dejar sin efecto más de 5,8 millones de comparendos y abrir la puerta a la devolución de recursos superiores a un billón de pesos a ciudadanos que ya realizaron pagos.
La actuación fue anunciada por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, luego de identificar posibles incumplimientos en los requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718. Según las autoridades, varias entidades habrían operado sistemas de fotodetección sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para validar la legalidad y confiabilidad de estos equipos.
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De acuerdo con la investigación, 12 organismos de tránsito comenzaron operaciones sin tener el aval técnico requerido, mientras que otros siete utilizaron conceptos emitidos a nombre de terceros. Además, 18 entidades habrían obtenido la certificación después de iniciar el funcionamiento de las cámaras.
Entre las ciudades y municipios incluidos en el proceso aparecen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó que esta decisión representa una acción histórica para garantizar los derechos de los ciudadanos y frenar posibles prácticas irregulares en la imposición de comparendos electrónicos.
La SuperTransporte reveló que los organismos investigados habrían impuesto más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas. Del total, 1.582.398 multas ya fueron canceladas por conductores, generando recaudos superiores a los $1,05 billones.
Según lo establecido en la normativa vigente, las entidades podrían verse obligadas a devolver dichos recursos y asumir sanciones económicas equivalentes al doble de lo recaudado, cifra que superaría los $2,1 billones.
Las ciudades con mayor número de comparendos detectados en la investigación son Cali, con 2,7 millones; Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con cerca de 294 mil; y Barranquilla, con más de 131 mil infracciones.
Asimismo, la Superintendencia confirmó que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, lo que beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que las investigaciones buscan garantizar transparencia y recuperar la confianza de los usuarios frente a los sistemas de fotodetección.
El Gobierno Nacional reiteró que continuará adelantando acciones administrativas para verificar que las autoridades de tránsito y los sistemas tecnológicos de control operen bajo estricto cumplimiento de la ley y respetando el debido proceso.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
