Que la calidad de las normas e instituciones son un catalizador del desarrollo económico, es aseveración que hoy nadie disputa. En algunos aspectos, Colombia se compara bien en el entorno internacional, en otros no.
Admira, por ejemplo, que desde los años 50 del pasado siglo tengamos un cuerpo policial que no es parte del botín político, que tiene cobertura en todo el territorio, cuyo nivel de profesionalismo es elevado y que ha sido capaz de asimilar las mejores tecnologías disponibles en materia de protección ciudadana. Por supuesto, como es grande y está sometido al escrutinio público, son muy visibles las inevitables ‘manzanas podridas’.
Cuánto quisiera México tener una policía como la nuestra. Porque lo que tiene son bandas armadas, con frecuencia corruptas, al servicio de políticos locales, cuando no de organizaciones mafiosas. (Si se supera el conflicto armado, habrá que fortalecer la naturaleza civil de la policía transfiriendo la linea de autoridad del Ministerio de Defensa al del Interior).
Lastimosamente, no puede decirse lo mismo del servicio exterior. Cierto es que en la formación de los cuadros profesionales, la Escuela Diplomática ha realizado una tarea encomiable, y que los requisitos de acceso a la carrera son rigurosos. Pero los cargos medios y altos, hoy como ayer, en buena parte, no se asignan por méritos. En esto Brasil, Perú y México nos superan ampliamente.
En el ámbito de la regulación económica hay ejemplos buenos y malos. La política macro, a cargo del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, es de clase mundial. En los campos sectoriales, las diferencias de calidad son amplias. En energía, gas, agua y telecomunicaciones mucho se ha progresado. Estos éxitos están estrechamente asociados a la creación de comisiones regulatorias, una figura administrativa que por vez primera se adoptó en 1994.
En esencia, el objetivo consiste en encargar el diseño de las normas a funcionarios de alto perfil técnico –que perciben remuneraciones adecuadas–, designados para garantizar su independencia por periodos fijos. A partir de las propuestas que los comisionados preparan, organismos plurales, en los que participan los ministros responsables, deciden. Esta simbiosis entre rigor técnico y acción gubernamental de alto nivel ha dado muy buenos resultados.
Por contraste, la debilidad institucional del Ministerio del Transporte es notable. Sometido al asedio de múltiples intereses particulares, toma malas decisiones o deja de tomar las que convendría.
Por ejemplo, no ha podido eliminar la denominada ‘chatarrización’, que es un impuesto absurdo a la modernización del parque automotor y fuente prolífica de corrupción. Lo que la generalidad de los países ha hecho es establecer periodos rigurosos de vida útil para los vehículos; vencidos estos, se les revoca la autorización de circulación. De otro lado, no ha podido establecer normas técnicas para automotores, como air bags, que hoy son usuales en todo el mundo. He aquí un caso dramático de prevalencia del interés general sobre el particular.
Por todo esto, resulta encomiable que en el 2013, por ley del Congreso, se haya dispuesto la creación de una comisión reguladora de infraestructura y transporte; infortunadamente, esa entidad es hasta ahora un mero proyecto. Urge actuar con rapidez: en ese año caímos 33 puestos en el ranking de competitividad de logística e infraestructura que elabora el Banco Mundial.
Fuente: Portafolio
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