Un informe reservado de la Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre la seguridad del transporte aéreo en Colombia, al advertir la existencia de un posible “riesgo sistémico” derivado de fallas estructurales en la Aeronáutica Civil (Aerocivil). El documento, conocido tras su divulgación en medios, sostiene que los incidentes recientes no son hechos aislados, sino parte de un patrón que compromete la operación aérea en el país.
Tras varios meses de evaluación, el Ministerio Público identificó deficiencias críticas en la infraestructura tecnológica del sistema aeronáutico. Entre los hallazgos se destacan equipos obsoletos indispensables para la navegación aérea, fallas en sistemas de comunicación y dispositivos fuera de servicio, factores que impactan directamente la seguridad de los vuelos.
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El informe también advierte sobre la insuficiencia de controladores aéreos, situación que genera sobrecarga laboral entre los 717 funcionarios encargados de operar en los 46 aeropuertos del país. A esto se suman problemas de coordinación entre operaciones civiles y militares, así como limitaciones de visibilidad en la torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá, uno de los de mayor tráfico en América Latina.
La preocupación se intensifica por la capacidad de garantizar la separación segura entre aeronaves, especialmente en terminales de alta demanda como El Dorado. Esta situación quedó en evidencia tras dos incidentes ocurridos el 20 de febrero y el 13 de marzo, cuando helicópteros militares interfirieron en operaciones civiles. En uno de los casos, un avión Airbus A320 tuvo que abortar su despegue, episodio considerado como un punto crítico en el análisis del ente de control.
La Procuraduría concluye que estos eventos reflejan un problema estructural más amplio que involucra tanto aspectos operativos como administrativos de la Aerocivil. Por ello, trasladó los hallazgos a su Sala de Instrucción para evaluar la apertura de una investigación disciplinaria contra el director de la entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty, y otros funcionarios.
En paralelo, se conoció una denuncia penal interpuesta por el abogado Jaime Lombana, que solicita investigar posibles delitos relacionados con la alteración del servicio de transporte público y generación de pánico, en relación con los incidentes protagonizados por aeronaves militares.
Consultada sobre el informe, la Aerocivil indicó que no emitirá comentarios hasta contar con autorización de la Presidencia de la República.
Este nuevo pronunciamiento se da en medio de un creciente escrutinio sobre la autoridad aeronáutica. Desde 2025, la Procuraduría ha adelantado diversas indagaciones preventivas, incluyendo temas sensibles como la reforma en la asignación de slots, medida que fue suspendida por el Gobierno tras controversias con aerolíneas.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
