La creciente ola de bloqueos, atentados contra infraestructura estratégica y protestas sociales mantiene bajo presión a los sectores de hidrocarburos y minería en Colombia. Durante el último año, estas actividades registraron más de 1.300 interrupciones que han afectado la producción, el transporte de materias primas, el abastecimiento energético y la generación de ingresos por regalías en distintas regiones del país.
De acuerdo con cifras recopiladas por gremios del sector energético, en el último periodo anual se contabilizaron 1.363 bloqueos a operaciones relacionadas con petróleo y minería, así como 580 ataques contra la red nacional de oleoductos y 1.078 conexiones ilegales destinadas al hurto de hidrocarburos. Este contexto coincide con una contracción de 10,3% en el Producto Interno Bruto (PIB) de minas y canteras, reflejando el impacto económico de las interrupciones sobre una de las actividades más relevantes para las exportaciones y las finanzas públicas nacionales.
Lea también: Caída de usuarios en el transporte masivo enciende alertas en las ciudades colombianas
La situación se extiende por diversas regiones productoras, desde los Llanos Orientales hasta importantes corredores mineros del Caribe y el noroeste colombiano. Los cierres de vías, las reclamaciones comunitarias, los conflictos laborales y las manifestaciones sociales han generado dificultades para el transporte de insumos, la movilidad de trabajadores y la salida de la producción hacia los mercados.
Puerto Gaitán, uno de los focos más afectados
Uno de los casos más representativos se registra en Puerto Gaitán, Meta, donde los bloqueos en el corredor vial del peaje El Yucao han limitado la conexión entre Meta y Vichada. Según reportes del sector, estas restricciones provocaron una producción diferida cercana a los 8.000 barriles diarios de petróleo.
Entre los activos impactados se encuentra el campo Caño Sur, con una producción habitual cercana a los 45.000 barriles por día. Las restricciones operativas han obligado a suspender temporalmente algunas actividades, afectando el flujo de crudo y los ingresos asociados a la explotación petrolera.
Las consecuencias también alcanzan las finanzas públicas. Estimaciones del sector señalan que las interrupciones han generado pérdidas superiores a 500 millones de pesos diarios en regalías, recursos destinados a proyectos de infraestructura, inversión social y desarrollo regional.
Las empresas indican que buena parte de las protestas están relacionadas con solicitudes sobre tarifas de transporte, contratación de proveedores locales y mayores inversiones sociales. Sin embargo, advierten que la prolongación de los bloqueos compromete la continuidad de las operaciones y la estabilidad productiva.
Asimismo, plantas estratégicas para la distribución de gas licuado de petróleo en departamentos como Casanare y Arauca han enfrentado obstáculos derivados de manifestaciones que dificultan el despacho de combustibles, generando preocupación sobre posibles retrasos en el abastecimiento energético.
Cerrejón y la minería enfrentan dificultades operativas
La actividad minera también refleja los efectos de las interrupciones. En La Guajira, Cerrejón ha reportado cerca de 80 bloqueos en vías férreas y carreteras internas utilizadas para transportar carbón hacia los puertos de exportación.
Las manifestaciones han sido promovidas por comunidades indígenas, organizaciones afrodescendientes y antiguos trabajadores que reclaman cumplimiento de acuerdos, compensaciones y espacios de diálogo sobre temas laborales y sociales. Cada interrupción impacta la logística de una operación que depende de la continuidad en el transporte.
Como resultado, la producción de carbón térmico pasó de 19,2 millones de toneladas anuales a 16,8 millones de toneladas, mientras que la disminución de la actividad ha derivado en la suspensión temporal de miles de contratos laborales vinculados directa e indirectamente a la industria.
Los desafíos también se presentan en departamentos como Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca, donde mineros tradicionales e informales han protagonizado movilizaciones y bloqueos en corredores estratégicos. Las protestas están asociadas, principalmente, a los operativos contra maquinaria utilizada en explotaciones sin regulación y a las demandas para acelerar los procesos de formalización minera impulsados por el Gobierno Nacional.
Incidentes de seguridad aumentan la preocupación empresarial
Las alertas del sector se intensificaron tras los hechos registrados el pasado 27 de mayo de 2026 en Neiva, Huila. La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) rechazó los actos vandálicos ocurridos en instalaciones de la empresa VARISUR S.A.S., mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.
Aunque el incidente no dejó personas lesionadas, el gremio manifestó su preocupación por las afectaciones a la propiedad privada y reiteró la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades productivas.
Campetrol también reportó que entre marzo y abril de este año se presentaron diversos episodios de orden público que alteraron operaciones de empresas afiliadas en departamentos como Arauca, Bolívar, Meta y Santander. Los municipios de Arauca, Arauquita, Cantagallo, Cabuyaro, Puerto Gaitán y Puerto Wilches concentraron parte de las situaciones registradas.
Entre los factores identificados aparecen conflictos relacionados con contratación de mano de obra local, relacionamiento sindical, programas de inversión social y procesos de desinversión empresarial. Según el gremio, los bloqueos reportados durante ese periodo tuvieron una duración promedio de 12 días.
Las afectaciones también alcanzaron la infraestructura de transporte de crudo. Durante 2025, los volúmenes movilizados por oleoductos registraron una disminución de 1,4%, equivalente a 11.300 barriles diarios, resultado de una combinación de menor producción, bloqueos y daños sobre activos estratégicos.
El panorama expuesto por empresas y gremios evidencia que los problemas de orden público, las protestas y las afectaciones a la infraestructura continúan impactando diferentes eslabones de la cadena productiva, desde la extracción de recursos hasta su transporte y comercialización, con efectos directos sobre la economía regional y nacional.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: portafolio
