El Ministerio de Transporte decidió aplazar la puesta en marcha de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), un nuevo esquema destinado a verificar de forma independiente las competencias de quienes soliciten por primera vez o busquen recategorizar su licencia de conducción.
La decisión fue adoptada mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026 y tiene como propósito revisar la estructura del modelo, su implementación y, especialmente, el impacto económico que podría generar para los ciudadanos.
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Actualmente, el proceso para obtener una licencia de conducción puede tener un costo aproximado de $1,4 millones. Con la entrada en funcionamiento de los CALE, el valor podría elevarse hasta cerca de $2,2 millones, lo que representaría un incremento de hasta $800.000 para los aspirantes.
El modelo establece una separación entre la formación y la evaluación. Mientras las escuelas de conducción continuarían encargándose de capacitar a los futuros conductores, los CALE tendrían la responsabilidad de comprobar, de manera independiente, que los aspirantes cuentan con las habilidades necesarias para conducir.
El Ministerio aclaró que la Ley 2251 de 2022 continúa vigente y que su cumplimiento no está en discusión. Sin embargo, la cartera revisará diferentes aspectos relacionados con los centros registrados a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), incluyendo su capacidad operativa, la legalidad del contrato y la relación entre los costos del sistema y los resultados esperados en materia de seguridad vial.
La estructura del esquema fue desarrollada mediante un contrato interadministrativo con la UNAD, cuya operación podría movilizar cerca de $20 billones durante los próximos 20 años.
Uno de los puntos que será objeto de revisión está relacionado con la participación de otros actores. La UNAD quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas aseguraron cumplir con los requisitos y manifestaron su interés en participar en el proceso. Esta situación derivó en acciones judiciales, denuncias y solicitudes de revocatoria.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que el Gobierno busca fortalecer la seguridad vial sin imponer cargas económicas injustificadas a los ciudadanos.
“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra.
Una vez finalice la revisión y se surtan los procedimientos correspondientes, respetando el debido proceso y la seguridad jurídica, el Ministerio de Transporte dará a conocer las decisiones que definirán el futuro de la implementación de los CALE en Colombia.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: mintransporte.gov.co
