Los crecientes pleitos para Colombia por cuenta de acuerdos en los TLC
En medio del vendaval en el comercio mundial, desatado por la política proteccionista del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que precisamente anunció revisión a lo que sucede con los acuerdos comerciales que tiene esa nación con las demás, Colombia está expuesta al foco internacional, pues se le han incrementado los pleitos de sectores y empresas que reclaman que hay incumplimiento con algunos compromisos de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
No obstante, la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, se mostró tranquila, pues señala que a la fecha, el país no tiene controversias con ningún Estado y que las diferencias bilaterales se pueden dar con cualquier país, independientemente de los acuerdos.
Por el contrario, para Carlos Julio Díaz, de la Escuela Sindical, el incremento en los pleitos evidencia que, “en particular el tratado con Estados Unidos fue mal negociado y se centró más en la protección a la inversión que en fortalecer el comercio exterior para beneficio nacional”.
Lo cierto es que, compañías mineras, de las telecomunicaciones, del área farmacéutica y defensores de los trabajadores han adelantado ya acciones legales, en unos casos, con pretensiones económicas; en otras, como alertas que piden corregir incongruencias que tendrían las normas nacionales con los estándares que rigen hoy el comercio global. “Colombia tiene que armonizar las normas nacionales con las externas, de lo contrario se vendrán demandas millonarias”, dijo Carolina Rodríguez, consultora de la firma de abogados Araújo Ibarra.
Los nuevos inconformes, que alegan incumplimiento de Colombia con acuerdos de los TLC, están por el lado de la industria farmacéutica, que esta semana se pronunciaron a través de un informe del gremio estadounidense Phrma, el cual juntó varios aspectos que considera ‘debilidades de la política farmacéutica nacional’, y que estarían afectando a las multinacionales de medicamentos, y pasando por encima del TLC con EE. UU. Ese bloque de reclamos cita la ya vieja pelea entre el Estado y la compañía suiza Novartis, por la patente del medicamento Imatinib, usado en el tratamiento del cáncer.
También hay un requerimiento internacional, producto de una queja elevada por los sindicatos colombianos ante la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (Otla), de Estados Unidos, por las pocas garantías para implementar derechos laborales como libertad sindical y de negociación colectiva.
El rosario de demandas crece, pues ya había acciones interpuestas desde Canadá, por la minera Eco Oro, que tiene un proyecto de exploración en el páramo de Santurbán y reclama por las demoras ocasionadas, tras normas que ponen en conflicto la protección ambiental con la minería.
También la canadiense Gran Colombia Gold anunció demanda al Estado por 700 millones de dólares, por problemas en la ejecución de sus proyectos en Antioquia y Caldas (Marmato).
En el listado igualmente figuran casos como el de Cosigo Resources, que alega por el proyecto Taraira, en Vaupés, en el que se estaría violando el TLC con Estados Unidos, debido a que se declaró parque natural una zona en la que adelantaban un proyecto exploratorio. Por el lado de las telecomunicaciones asimismo hay controversia. América Móvil, de propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, dueño de Claro, pidió arbitraje internacional para resolver lo que considera cambio en las reglas de juego e infracciones al TLC con el país azteca.
‘Colombia no tiene controversias con otro Estado’: Mincomercio
Ante los reclamos de los sectores con los TLC, la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, salió al quite y explicó que el país, desde hace 8 años, ha fortalecido la capacidad del Estado para defenderse.
Indicó que “con todos los países con los que tenemos relaciones comerciales, independientemente de que exista o no un Tratado de Libre Comercio (TLC), se puede establecer diferencias en los asuntos de interés bilateral”.
Lacouture agregó que “en el caso de los inversionistas extranjeros, así como surgen problemas privados, también los hay entre empresas y Estados incluyendo las empresas extranjeras”.
Advirtió que, “de cualquier manera, eso no se puede confundir con las controversias alrededor de los TLC”. Enfatizó en que, a la fecha, “el Estado colombiano no tiene ninguna controversia con otro Estado a través de los mecanismos de solución de controversias previstos en los acuerdos internacionales”.
En cuanto a las diferencias entre inversionistas extranjeros y el Estado señaló que, hasta ahora, “Colombia tiene dos, las cuales existirían así no hubiese TLC, y en ese caso, se hubieran dado en cortes nacionales”.
Y concluyó que para casos como esos, “el país ha venido preparando su institucionalidad desde el 2008, para así contar con la mejor defensa”.
En curso, conflictos con las mineras
Cosigo Resources y Tobie Mining and Energy acudieron a la Asociación Americana de Arbitraje, con pretensiones económicas de Colombia, por 16.000 millones de dólares.
Este caso es similar al de Gran Colombia Gold (GCG), compañía que reclama al país las demoras de las autoridades para solucionar las invasiones de mineros ilegales, en donde la multinacional tiene aprobadas las licencias de operación.
Se trata de los títulos que Gran Colombia Gold tiene en Marmato (Caldas) y Segovia (Antioquia). El plazo para dirimir la controversia con el Ministerio de Minas, a través de la cual se reclama una compensación de 700 millones de dólares, es hasta marzo. De lo contrario, la empresa acudiría a un tribunal internacional para adelantar el litigio.
Novartis espera respuesta
En diciembre del año pasado, por considerar que Colombia, a través del Ministerio de Salud, y “de manera injustificada” persiste en la declaración de interés público sobre el medicamento Glivec® (Imatinib), Novartis interpuso una demanda, pidiendo la acción de nulidad sobre esta medida.
La compañía alega que el impacto financiero causado por dicha declaratoria no es la principal razón para solicitar la acción de nulidad, sino “las repercusiones que esta medida podría tener para todo el sistema de propiedad intelectual y para el futuro de los medicamentos innovadores”.
La acción jurídica está pendiente de respuesta por parte de los altos tribunales colombianos.
Sigue lío laboral
Iniciar consultas sobre Colombia fue la petición del gobierno de Estados Unidos, tras establecer que habría incumplimientos de los acuerdos laborales incluidos en el TLC con ese país. En octubre próximo tendrá que haber un pronunciamiento sobre lo hallado en la revisión. Carlos Julio Díaz, de la Escuela Sindical, señala que hay un cambio de paradigma global del libre comercio y si Colombia no entra en el nuevo esquema, que protege los derechos laborales, se arriesga a que le prohíban el ingreso de sus productos a Estados Unidos.
El caso de América Móvil
Un fallo de la Corte Constitucional obligó a las trasnacionales de las telecomunicaciones (Claro y Movistar) a devolverle a la Nación los activos utilizados para la prestación del servicio de telefonía móvil. La sentencia indicó que los activos de los operadores con concesiones firmadas antes de la vigencia de las leyes 422 de 1998 y 1341 del 2009 debían revertir a la Nación a partir de marzo del 2014. En consecuencia, la compañía mexicana América Móvil, dueña de la marca Claro, presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, en Washington, una solicitud de arbitraje contra Colombia por presuntas infracciones al TLC con México.
La petición es una compensación equivalente al precio de mercado que tendrán los bienes afectados a la hora de ser expropiados, más los intereses respectivos.
Fuente: El Tiempo Noticias
Imagen: Archivo El Tiempo Noticias
