$100.000 millones, costo de consultas previas para construir vías 4GUnas 33 comunidades, entre indígenas y afroamericanas, tienen hoy paralizadas algunas obras de ocho vías de cuarta generación (4G), situación que, en promedio, les ha costado a los concesionarios un total de $99.000 millones. Lo anterior, debido a que los clanes o cabildos han aprovechado la construcción de estos megaproyectos para “suplir las ausencias del Estado en materia de educación, salud y saneamiento básico, entre otros (…), al igual que para solventar las debilidades organizativas internas”, señala un informe realizado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). De hecho, entre las solicitudes más frecuentes están la compra de áreas de terreno para el fortalecimiento étnico, la demanda de recursos para compensar impactos sociales y la construcción de puestos de salud, acueductos y parques. INDÍGENAS Y AFROS Sin embargo, los requerimientos van más allá e incluyen solicitudes de infraestructura adicional a lo estipulados en el contrato, “sin ningún sustento”, señala la ANI. Igualmente, los concesionarios han recibido peticiones como la no instalación o traslado de peajes y hasta la solicitud de parte de los réditos que deja el proyecto. El tema no es de poca monta, debido a que, además, cada una de estas consultas previas le cuesta a los privados entre $2.000 millones y $10.000 millones, siendo la cifra promedio por proceso es de algo más de $3.000 millones, de acuerdo con concesionarios consultados. Así, tomando como referencia la última cifra, las 33 consultas previas realizadas hasta ahora les han costado a los concesionarios unos $100.000 millones, sin contar los costos adicionales (logística y honorarios) de cada reunión con las comunidades, que pueden ascender hasta los $1.000 millones. PROYECTOS AFECTADOS Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, señaló que “aun cuando el desarrollo de estos proyectos afecta el avance de algunas unidades funcionales, no se puede hablar de que están frenados, pues los contratistas se enfocan en otros frentes de trabajo”. Se trata, entonces, de ocho proyectos viales que han sido objeto de estos procesos y que siguen en curso. El caso más puntual tiene que ver con el proyecto Santana-Mocoa-Neiva, que implica nueve consultas, de las cuales han sido protocolizadas seis. Las comunidades detrás de esta vía son los resguardos Camentsa Biya, Villa María de Anamú, Inga de Mocoa, Inga Kamëntsá, las parcialidades Inga José Homero y Yachay Wasy, y los cabildos Siona Jai Ziaya Bain, Dimas Onel Majín y Nasa Kwesx Tata Wala. Aunque estas comunidades han manifestado requerimientos que en algunos casos sobrepasan la idea de las obras, es importante destacar que se trata de un mecanismo avalado por la ley, el cual deben cumplir los concesionarios para recibir su licencia ambiental y, por ende, avanzar con los trabajos. De allí también que el Ministerio del Interior ya tenga listo un proyecto de ley listo para su reglamentación. OTRAS VÍAS Y PUERTOS Lo anterior, por cuenta de que algunas comunidades han solicitado las órdenes de consultas aún después de haber arrancado los respectivos proyectos. Se trata de 10 grupos a los que se les han aprobado los trámites: dos hacen parte del proyecto Cesar -La Guajira (de 4G) y los demás se dividen en las demás generaciones de megavías. Entre estas últimas se destacan las realizadas en los proyectos Neiva-El Espinal-Girardot (se hizo una), Malla vial del Valle y Cauca (se efectuaron dos) y la autopista Córdoba-Sucre (son 16, de las cuales faltan 5). Esta última concesión es una de las más particulares, ya que las comunidades Maisheshe de la Chivera y Flores de Chinchelejo interpusieron una tutela con la cual ganaron ante el tribunal de Sucre. La cuestión es que ambos fallos fueron emitidos durante la etapa constructiva, que se encontraba en 60% de avance. Esta es justamente una de las cosas que quieren modificar con el proyecto de ley. Pero no son los únicos casos de infraestructura donde las comunidades han pedido que se desarrollen estos procesos. También, cuatro puertos han sido objetos de 15 consultas previas: Aguadulce (6), Sociedad Portuaria de Puerto Brisa (1), Cayao (4) y Puerto Bahía (4). Para estos, vale tener claro que dichos proyectos son adjudicados una vez se tenga la licencia ambiental, con lo cual, igualmente deben surtir las respectivas consultas con las comunidades impactadas por las obras. LEY PARA DEFINIR REGLAS El próximo 20 de julio, cuando se inicia la nueva legislatura en el Congreso, el Ministerio del Interior presentaría un proyecto de ley para reglamentar las consultas previas. Se espera que esta legislación dé reglas claras acerca de cómo serían los procesos. Se prevé que entre ellas se incluya que las comunidades no puedan presentar solicitudes una vez hayan comenzado las obras. Además de eso, en el articulado estaría que los procesos no lleven a que los proyectos se paralicen completamente y que las retribuciones no sobrepasen los lineamientos iniciales de los contratos. Fuente: Portafolio Imagen: Archivo Portafolio Ver articulo original]]>
