En medio de esta controversia, la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, propuso que se aceptara el cobro de la valorización nacional en la Vía al Mar Cartagena-Barranquilla, bajo la condición de destinar un porcentaje del recaudo a obras en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Cesar. Sin embargo, los gremios han rechazado esta propuesta, argumentando que no se puede negociar sobre la base de decisiones que carecen de fundamento legal.
“No puede el Gobierno condicionar la ejecución de proyectos fundamentales para esta región al pago de dicha contribución cuando debieron incluirse en el Presupuesto Nacional de este año y del 2025,” afirmaron los gremios en un comunicado conjunto. Esta postura refleja la preocupación de los gremios por lo que consideran un intento del Gobierno de financiar proyectos que debieron ser asumidos por el presupuesto nacional, a través de un cobro que consideran injusto e inconstitucional.
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La implementación de la contribución de valorización en la Vía al Mar Cartagena-Barranquilla no solo ha generado preocupación entre los propietarios de inmuebles afectados, sino que también ha puesto en riesgo la relación entre el Gobierno nacional y los gremios regionales. Estos últimos temen que la medida afecte negativamente el desarrollo económico de la región, al imponer una carga fiscal adicional sobre los propietarios, que podría desincentivar la inversión en la zona.
Además, los gremios han expresado su preocupación por el hecho de que los recursos generados por la contribución de valorización no se utilicen de manera transparente y eficiente. En este sentido, han solicitado garantías de que cualquier recaudo se destine exclusivamente a proyectos de infraestructura en la región, y no a otros fines.
El cobro de la contribución de valorización en la Vía al Mar Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad se ha convertido en un tema altamente controvertido, que ha generado un fuerte rechazo por parte de los gremios del Atlántico y Bolívar. Los argumentos presentados por estos gremios, basados en principios constitucionales y legales, ponen en duda la validez de las resoluciones emitidas por el INVÍAS y han llevado a una solicitud formal de derogación ante el Consejo de Estado.
Mientras tanto, la propuesta de la ministra de Transporte de aceptar el cobro bajo ciertas condiciones ha sido rechazada por los gremios, que insisten en que cualquier negociación debe basarse en decisiones con pleno fundamento legal. En este contexto, el futuro de la contribución de valorización en la región sigue siendo incierto, y es probable que el tema continúe siendo objeto de debate en los próximos meses.
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La controversia en torno a esta medida resalta la importancia de que las políticas públicas sean diseñadas y aplicadas de manera equitativa y con pleno respeto a los principios constitucionales, para garantizar que no se afecten injustamente los derechos de los contribuyentes y se promueva un desarrollo regional inclusivo y sostenible.
Fuente: Caracol Radio
