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Gobierno habilita transporte especial en Catatumbo para enfrentar crisis de seguridad

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Crédito Imagen: MinTransporte

El Gobierno Nacional publicó este jueves una serie de decretos con el objetivo de mitigar la crisis de seguridad en la región del Catatumbo. Dentro de estas medidas, el Ministerio de Transporte, a través del Decreto 0120, recibió facultades especiales para autorizar a distintas empresas de movilidad a prestar el servicio de transporte en esta convulsionada zona del país. Con esto, se busca garantizar la movilidad de los habitantes afectados por la escalada de violencia y amenazas a la seguridad pública.

El decreto establece que las empresas de transporte terrestre podrán operar entre los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en Norte de Santander, así como González y Río de Oro, en el departamento del Cesar. La principal novedad de la medida es que estos trayectos podrán realizarse “sin sujeción a las condiciones específicas sobre recorridos, frecuencias y horarios”, permitiendo así una mayor flexibilidad en el servicio.

Asimismo, el decreto faculta a las autoridades municipales para regular y autorizar la prestación del servicio de transporte colectivo, individual y mixto dentro de sus jurisdicciones. Esto busca facilitar la movilidad interna y mitigar los problemas de acceso generados por la crisis de seguridad que afecta a la región.

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A pesar de la apertura en términos operativos, el decreto establece que todas las empresas que presten servicio en la zona deberán coordinar con las autoridades policiales y militares para determinar condiciones seguras de operación. Esta disposición es clave, considerando que según informes de inteligencia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha incrementado su presencia en la región con el envío de refuerzos desde Arauca.

La medida forma parte de un paquete de decretos enmarcados en la conmoción interior decretada por el presidente Gustavo Petro la semana pasada. La situación en Catatumbo ha alcanzado niveles críticos de inseguridad, obligando al Gobierno a intervenir con medidas excepcionales para evitar una crisis humanitaria aún mayor.

La implementación de estas medidas no solo tiene un componente logístico, sino también un alto costo financiero. Para respaldar la operación y demás estrategias derivadas de la conmoción interior, el Ministerio de Hacienda ha proyectado la recaudación de más de un billón de pesos mediante nuevos impuestos.

Las principales fuentes de financiamiento incluyen:

  • Un IVA del 19% a los juegos de suerte y azar virtuales, con una expectativa de recaudo de $519.000 millones.
  • Una contribución especial a las actividades extractivas de petróleo y carbón, que aportaría cerca de $214.000 millones.
  • Un impuesto del 1% al timbre, con el cual se pretende recaudar aproximadamente $330.000 millones.

El ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha señalado que el gravamen a los juegos de azar podría representar hasta $600.000 millones en ingresos fiscales durante la vigencia de la conmoción interior. Sin embargo, el impacto económico de estas medidas sigue siendo objeto de debate entre los sectores afectados.

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Si bien la medida del Ministerio de Transporte podría aliviar temporalmente la crisis de movilidad en la región, el desafío de fondo sigue siendo la inseguridad. Garantizar la seguridad de los transportadores y pasajeros en estas zonas de alto riesgo requiere más que decretos y flexibilización operativa. Las acciones de los grupos armados ilegales en la región podrían hacer que esta estrategia se vuelva inviable en la práctica.

El Gobierno ha mostrado voluntad de intervenir en la crisis, pero el verdadero reto será garantizar que estas medidas no solo funcionen en el papel, sino que tengan un impacto real y sostenible en la seguridad y movilidad de los habitantes del Catatumbo. Mientras tanto, transportadores y usuarios siguen a la espera de soluciones estructurales que pongan fin a la violencia que asfixia a la región.

Fuente: LR