La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) presentó un decálogo de acciones con las que busca impulsar al sector que representa casi el 3 % del PIB nacional.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) presentó diez acciones con las que busca impulsar al sector y garantizar su desarrollo mediante una política de Estado que trascienda “los ciclos políticos de los gobierno de turno”. Vale la pena mencionar que el sector pasó de representar el 1 % del PIB en la década de los noventa del siglo pasado a casi el 3 % actualmente.
El gremio, que representa a empresas de toda la cadena de la infraestructura como constructores, concesionarios, consultores e interventores, pidió reconocer al sector privado como un socio estratégico del Estado para “garantizar la modernización de la infraestructura del país”. La CCI recordó que a través del modelo de APP “el sector privado suple las necesidades de financiación de infraestructura pública en circunstancias de restricción fiscal, lo cual garantiza proyectos con altos estándares de calidad”.
Integrar los diferentes modos de transporte (carretero, aeroportuario, portuario y ferroviario) es otra de las recomendaciones del gremio, pues aseguran que la multimodalidad garantiza un “transporte más eficiente de pasajeros y carga, hecho que impacta positivamente la productividad del país”.
La CCI también pide velar por la sana competencia en la adjudicación de los contratos de infraestructura. “Para tal fin, el buen uso de los pliegos-tipo deriva en pluralidad de oferentes, en mayor participación de las firmas de ingeniería en el mercado y, como consecuencia, en procesos transparentes”. Así las cosas, el gremio sugiere “ponerles freno a prácticas elusivas, como los convenios interadministrativos”.
La obra pública en infraestructura, según el gremio, se debe entender como un estímulo de crecimiento de la economía del país, lo que se ve reflejado en “el encadenamiento productivo del sector, en la creación de nuevas plazas de trabajo y en el hecho de que por cada peso invertido en una obra se generan $2,26 en la economía”.
El gremio solicitó preservar y fortalecer la institucionalidad del sector a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Financiera de Desarrollo Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte.
La CCI considera importante realizar ajustes orientados a fortalecer la participación privada en la infraestructura pública, como en proyectos sociales tales como hospitales, centros educativos, cárceles, entre otros. Además, piden impulsar el mecanismo de las APP en las regiones.
Entre las recomendaciones también se encuentra garantizar la seguridad jurídica del sector para generar un clima propicio para inversionistas nacionales y extranjeros que ven en las iniciativas de infraestructura un “bastión de desarrollo, generación de empleo y modernidad”.
El gremio enfatiza en la necesidad de evitar que la contratación pública se convierta en un instrumento de estímulos particulares. “El otorgamiento de incentivos en los procesos de contratación estatal a empresas que contraten grupos poblacionales específicos causa impactos negativos en la sostenibilidad financiera, particularmente, de las pymes y distorsiona el principio de igualdad entre competidores”. Así las cosas, el gremio ofrece la alternativa de implementar estímulos tributarios, crediticios y parafiscales a las empresas que vinculen en sus nóminas a esos grupos poblacionales.
Finalmente, la CCI recomienda implementar nuevas tecnologías en la estructuración y en la ejecución de proyectos de infraestructura, así como subirse al bus de la sostenibilidad.
Fuente: Msn
Imagen: Msn
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