En la madrugada de este jueves la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Dijin, capturó seis personas que hacían parte de una organización criminal de gran calado conocida como los ‘Desintegradores’.
Según la investigación, el objetivo principal de los delincuentes era obtener dinero como pago por la falsa chatarrización de vehículos: materialmente no existían, pero ellos los armaban con seriales de otros vehículos, sin contar con la falsificación de documentos públicos y privados.
La banda, cuyo modo de operar había sido detectado desde el 2013, le reportaba por medio de internet al Ministerio de Transporte un vehículo que de manera irregular contaba con seriales de otros vehículos que sí existían y que operaban normalmente. De esta manera, lograban estafar al Estado, al obtener el bono que otorga por la desintegración del automotor. El negocio era redondo porque el cupo de ese vehículo de servicio público era vendido.
La primera fase de la investigación reporta que 52 vehículos falsos hicieron parte de la estafa, lo que significa el robo de unos 3.000 millones de pesos al erario. Sin embargo, habría otros 2.800 vehículos reportados irregularmente al Ministerio de Transporte, lo que haría la cifra rondar los 200.000 millones de pesos. En la actualidad, por un camión chatarrizado, se pagan 70 millones de pesos.
Uno de los capturados es Chéiner Gutiérrez, funcionario del Ministerio, quien se encargaba de ingresar al sistema digital utilizando sus datos y modificaba la información de los vehículos: cambiaba el tipo de servicio del vehículo de particular a público, la capacidad de carga, entre otras, con esto lograba facilitar la aparente existencia del vehículo y el lleno de requisitos para la expedición de la resolución de chatarrización.
Lo más curioso de todo es que uno de los capturados es Luis Aguilar, hermano de Pedro Aguilar, quien fue presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) hasta hace dos semanas.
Billy Torres, asesor del despacho del fiscal general de la Nación, informó sobre el importante operativo. “La Fiscalía va a continuar investigando y judicializando. La captura solicitada corresponde a siete personas, pero sólo capturaron seis”.
A los capturados se les imputarán los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento privado, estafa agravada y fraude procesal. Este jueves se lleva a cabo la audiencia de legalización de las capturas.
Fuente: Revista Semana
Fotografia: León Darío Peláez / Semana
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