Las empresas de transporte intermunicipal legalmente constituidas en Colombia encendieron las alarmas frente a la situación que atraviesa el sector, debido al aumento de exigencias regulatorias, trámites administrativos y obligaciones tecnológicas que, según denuncian, elevan significativamente los costos de operación sin generar mejoras reales en la prestación del servicio.
A través de una comunicación dirigida a la Superintendencia de Transporte, los gremios señalaron que el crecimiento del transporte informal continúa avanzando en distintas regiones del país bajo menores controles, creando un escenario de competencia desigual que afecta directamente a las compañías que cumplen con la normatividad vigente.
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El sector asegura que la constante solicitud de reportes, sumada a la implementación obligatoria de plataformas digitales complejas, ha provocado una carga administrativa que califican como excesiva. Esta situación, afirman, termina debilitando la sostenibilidad financiera de las empresas formales y dificulta su capacidad operativa.
De acuerdo con los empresarios, mientras las compañías habilitadas son objeto permanente de inspección y vigilancia, el transporte ilegal continúa funcionando con baja supervisión, sin asumir obligaciones tributarias ni garantizar estándares mínimos de seguridad para los usuarios.
Gremios piden acciones urgentes contra la informalidad
Ante este panorama, las empresas solicitaron al Gobierno Nacional y a las autoridades de transporte adoptar medidas inmediatas para equilibrar las condiciones del mercado. Entre las principales peticiones se encuentra la simplificación de trámites y requerimientos administrativos, con el objetivo de reducir costos y facilitar el cumplimiento normativo.
Asimismo, propusieron la creación de una estrategia nacional articulada para combatir el transporte informal en todas las regiones del país, junto con una aplicación más equilibrada de la ley que no concentre las acciones de control únicamente sobre quienes operan dentro de la legalidad.
Los gremios también insistieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades nacionales y las autoridades territoriales, al considerar que en varios municipios y departamentos los controles frente al llamado “transporte pirata” siguen siendo insuficientes.
Aunque el sector reiteró su disposición de continuar cumpliendo las normas vigentes, advirtió que la falta de ajustes estructurales en las políticas de regulación y fiscalización podría comprometer seriamente la permanencia del transporte intermunicipal formal en Colombia.
Las empresas aseguraron que el objetivo principal debe ser garantizar a los ciudadanos un servicio seguro, confiable y con condiciones justas para todos los actores del sector. Advirtieron que, de mantenerse el escenario actual, más compañías podrían verse obligadas a cerrar operaciones, reduciendo las opciones legales de movilidad para los usuarios y aumentando la exposición a servicios informales sin garantías.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
